La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) determinó que el 2025 fue uno de los peores años para el ejercicio del periodismo en las Américas, caracterizado por homicidios, detenciones arbitrarias, exilios e impunidad en varios países de la región, entre ellos México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela, al presentar la sexta edición del índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa.
El informe, que analiza el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 2 de noviembre de 2025 reveló que el promedio regional de libertad fue de 47.10 puntos, el nivel más bajo desde que creó el indicador en 2020. También alertó sobre un “deterioro dramático” en las condiciones para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en el continente americano.
Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, advirtió que esta caída confirma el debilitamiento significativo de las garantías para la libertad de expresión, incluso en democracias consolidadas como la de Estados Unidos.
México, entre los países más peligrosos
México obtuvo 34.9 puntos, ubicándose en la categoría de “Alta restricción” junto a Ecuador Honduras, Bolivia, Perú, Haití, Cuba y El Salvador, al ser uno de los lugares más riesgosos para ejercer el periodismo independiente. De acuerdo con el informe, esto es debido a:
Homicidios de periodistas, principalmente vinculados al crimen organizado.
Amenazas y detenciones arbitrarias, con limitada protección por parte del Estado.
Criminalización del periodismo independiente, incluyendo discursos de estigmatización y presión institucional.
Presiones económicas y legales, que afectan la operación de medios críticos.
El caso de México no solo se explica por el asesinato de nueve periodistas en 2025, sino también por el aumento en el uso de formas más sofisticadas de presión en la que actores políticos recurren a demandas, acusaciones de difamación, procesos discales o causas penales en sedes judiciales que quedan lejos al domicilio de los medios que tienen la finalidad de desgastar, intimidar y enviar mensajes al gremio, explica la SIP.
Panorama regional
El informe señala que el deterioro en el ejercicio del periodismo no distingue entre ideologías políticas ni sistemas de gobierno, aunque en los países peor evaluados se presentan características de presidencialismos autoritarios. Los especialistas atribuyen al poder Ejecutivo gran parte de las condiciones adversas.
“Las libertades de prensa y expresión en el continente no han sido favorecidas por ninguno de los polos de radicalización política que caracteriza a la región en los últimos años”, indica el documento.
León Hernández, coordinador del índice y fundador del Observatorio Venezolano de Fake News, alertó que el tono confrontativo contra la prensa, cuando proviene de una potencia con una fuerte influencia regional, refuerza los estilos autoritarios y legitima narrativas que presentan a los medios como adversarios políticos.
Principales amenazas al periodismo independiente
Entre los mecanismos que afectan la libertad de prensa, la SIP identificó:
El uso de instituciones del Estado para criminalizar al periodismo independiente.
Discursos de estigmatización contra la prensa.
Presiones o agresiones provenientes de grupos afines al poder.
Uso de mecanismos de fiscalización y asfixia financiera contra medios críticos.
Aprobación de leyes que penalizan expresiones contrarias a los intereses gubernamentales.
La SIP también advirtió que en varios países los mecanismos de protección a periodistas resultan ineficientes, especialmente frente a ataques provenientes de grupos criminales.
Otra arma que ha resultado muy eficaz ha sido el acoso judicial. En México y Ecuador se han registrado casos de ejecutivos de medios fueron sometidos a causas penales o administrativos para humillar, inmovilizar o enviar una advertencia. En República Dominicana se han usado denuncias como forma de “mordaza” ligadas a la fragilidad económica.
En Panamá y Costa se reportan presiones económicas y judiciales, mientras que en Argentina la estigmatización presidencial a aumentado las agresiones contra periodistas y en Guatemala, los investigadores hablaron incluso de “terrorismo judicial” contra la prensa.
Mientras, El Salvador se ha consolidado como uno de los peores países con peores condiciones para ejercer el periodismo en la región debido a la escalada represiva, con más de medio centenar de periodistas forzados al exilio, y cerca de un centenar de defensores de derechos humanos fuera del país, explicó el periodista Sergio Arauz, jefe de redacción de El Faro y presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)
“El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha servido no solo como herramienta de seguridad pública, sino también como marco para la suspensión práctica de garantías y la criminalización de voces críticas. A ello se suman leyes como la de agentes extranjeros y un conjunto de normas orientadas a cerrar el espacio cívico, restringir el financiamiento independiente y convertir el periodismo incómodo en sospecha política”, describió el periodista.
Mejores y peores países en libertad de prensa
El Índice Chapultepec ubica a República Dominicana como el país con mejores condiciones para la libertad de expresión y el periodismo independiente, con más de 80 puntos sobre 100, seguida de Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica que están clasificados en la categoría de “Baja restricción”.
En la categoría de “Alta restricción” aparecen Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador, mientras que Nicaragua y Venezuela están en el nivel más crítico “Sin libertad de expresión”.
Estados Unidos presentó un retroceso al caer del cuarto al undécimo lugar, pasando de la categoría de “Baja restricción” a “En restricción”.
Metodología y perspectivas 2026
La evaluación contó con la participación de 195 jueces de 23 países, incluyendo por primera vez a Haití, y se elaboró en colaboración con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela.
La SIP advirtió que 2026 podría ser un año de transformaciones políticas en varios países, con impacto potencial en derechos civiles y libertad de prensa, en contextos marcados por crisis económicas y elecciones recientes.
