“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, declaró Algarín Hernández, en un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter. Sin embargo, el mandatario estatal tamaulipeco no asistió ese día a la reunión de seguridad habitual que encabeza en Ciudad Victoria y realizó en cambio una gira de trabajo en municipios rurales del estado, cuya transmisión no se difundió por los canales oficiales del Gobierno estatal, como suele ocurrir en ese tipo de actividades.
Según el reporte del Los Angeles Times publicado el 3 de junio de 2026, la investigación contra Durazo Montaño fue la causa de la revocación de su visa el año anterior, y el mandatario viaja a EE.UU. para recibir tratamiento médico especializado mediante un programa de libertad condicional por beneficio público significativo -conocido en inglés como Significant Public Benefit Parole-, mecanismo reservado para personas no ciudadanas que cooperan con las autoridades en investigaciones o procesos judiciales.
En el caso de Villarreal Anaya, el diario indicó que la investigación estaría relacionada con el presunto contrabando de hidrocarburo ilegal y que también contaría con ese mismo permiso especial, por lo que funcionarios estadounidenses lo escoltarían en sus cruces fronterizos.
La situación de ambos gobernadores se inscribe en una escalada de presión que la Administración encabezada por el presidente Donald Trump sostiene desde 2025 contra funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado. La agencia Reuters informó el 14 de octubre de 2025 que el Gobierno de EE.UU. ya había revocado visas a al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en su mayoría militantes o ligados a Morena.
El caso más visible antes del actual es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien confirmó en mayo de 2025 la cancelación de su visa, al igual que su entonces esposo, Carlos Torres, mientras que la ex alcaldesa de Rosarito y actual diputada federal Araceli Brown, se sumó a la lista de morenistas desvisados y, en su caso, investigados por las autoridades del vecino país por vínculos con los cártelee. A esos antecedentes se suma el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contra quien el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos formales por narcotráfico en mayo de 2026 en el Distrito Sur de Nueva York.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el mismo 3 de junio de 2026 que Durazo Montaño y Villarreal Anaya deben aclarar ante la opinión pública su situación migratoria, y cuestionó la intención política detrás de las acciones de Washington. Marco Antonio Rubio García, titular del DOS, ha reiterado en diversas ocasiones que contar con una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho.
