Ciudad de México. El Senado no se convertirá en un “paredón político” para juzgar, sin pruebas y sólo con base en especulaciones provenientes de Estados Unidos, supuestos nexos de legisladores con el narcotráfico, advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco.
Sostuvo que las versiones que circularon ayer sobre un supuesto retiro de visa por parte del gobierno de Donald Trump a su antecesor, Adán Augusto López Hernández, “carecen de sustento judicial y forman parte de una estrategia de carácter político”.
En conferencia de prensa, el también coordinador de Morena en el Senado comentó que López Hernández ha viajado recientemente a Estados Unidos sin enfrentar ningún problema migratorio y que, durante una conversación que sostuvieron ayer, no le mencionó haber sido objeto de una medida de ese tipo.
Agregó que vio al exgobernador de Tabasco “muy bien”, recuperándose de una intervención en los ojos y “muy contento porque va a ver mejor”.
Tanto en el caso de López Hernández como en el del senador sinaloense Enrique Inzunza, “no se les puede condenar públicamente con base en rumores o filtraciones”, recalcó.
“Hasta ahora todo forma parte de trascendidos que apuntan más a una narrativa política que a una judicial, toda vez que no se ha presentado ninguna prueba”, insistió.
Si existe alguien involucrado en actividades ilícitas, dijo, “trátese de quien se trate, que se aplique la ley”, pero mientras no haya pruebas, el Senado no se convertirá en un “paredón político” para ninguno de sus integrantes.
Sobre los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios presuntamente investigados por autoridades estadounidenses, Mier Velazco afirmó que no se han acreditado pruebas y recordó el caso del médico Humberto Álvarez Machain.
Explicó que Álvarez Machain fue secuestrado en Guadalajara en 1990 por agentes estadounidenses y trasladado de manera ilegal a Texas, acusado de participar en las torturas contra el agente de la DEA, Enrique Camarena.
Dos años después, recordó, una corte federal de Estados Unidos lo liberó al no encontrar elementos para procesarlo.
El senador consideró lamentable la actuación de algunas agencias y oficinas del Departamento de Justicia estadounidense, que en su momento “enlodaron de manera infame” a Álvarez Machain.
“Fue en otro régimen, hace más de 20 años, pero la lógica es la misma: acusaciones sin sustento para provocar desgaste político”, sostuvo.
En ese contexto, señaló que México debe defender no sólo su soberanía territorial, sino también una “soberanía en la narrativa”, para evitar que especulaciones o versiones sin respaldo jurídico condicionen el debate público.
Asimismo, subrayó que es obligación de los órganos de gobierno del Senado garantizar el respeto a los derechos constitucionales de todos los legisladores, independientemente de su filiación política, así como preservar la presunción de inocencia y el debido proceso.
A manera de ejemplo, comentó que viaja con frecuencia a Estados Unidos, donde residen sus nietos, sin enfrentar inconvenientes migratorios.
“Mis nietos son ciudadanos estadounidenses y también mexicanos. Yo viajo regularmente para visitarlos; no tengo pasaporte diplomático ni he tramitado algún trato especial. Hago fila como cualquier persona y no he tenido ningún requerimiento o cuestionamiento distinto al que me han hecho durante los últimos 15 años”, expresó.
