De 2021 a 2025 se triplicó la problemática en Chihuahua
• Informe de la de la Misión Civil de Observación construye una ruta para para pasar de respuestas reactivas a una política pública capaz de prevenir el fenómeno y generar soluciones duraderas.
El desplazamiento forzado interno requiere una respuesta interinstitucional coordinada y permanente afirmó el senador Javier Corral, al acompañar la presentación del Informe sobre el Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua. Mayo 2026, elaborado por distintas organizaciones integrantes de la Misión Civil de Observación.
Luego de acompañar la presentación del Informe en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Corral explicó que el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) constituye una violación múltiple de Derechos Humanos que obliga a las personas a abandonar su hogar sin cruzar una frontera internacional.
El legislador destacó que el documento no sólo expone la situación que enfrentan las personas desplazadas, sino que plantea recomendaciones y una ruta de acción para pasar de respuestas reactivas a una política pública capaz de prevenir el fenómeno y generar soluciones duraderas.
El Informe señala que entre 2021 y 2025 el desplazamiento forzado interno se triplicó en Chihuahua, lo que evidencia la insuficiencia de las medidas institucionales para prevenir y atender este fenómeno.
El Informe documenta las distintas formas de violencia individual y colectiva que vive la población desplazada en la entidad, entre ellas el uso de drones explosivos para violentar familias y comunidades, con el propósito del vaciamiento del territorio.
“Atacan a las familias para así vaciar a las comunidades y luego apropiarse de sus territorios, y facilitar, en algunos casos, el arribo de concesiones mineras, proyectos extractivos o controlar rutas de trasiego estratégicas”, explicó Corral Jurado.
Para el también presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, el Informe no integra solo un diagnóstico, “construye un camino, una ruta para atender el problema frente a este delito grave, continuado y en ascenso”, afirmó.
Corral subrayó además que las acciones deben atender las causas que propician el fenómeno, entre ellas la pobreza y la falta de oportunidades, pero también la impunidad que persiste en torno a estos casos.
“A pesar de que hay 89 denuncias por el delito de DFI, solo existen dos sentencias condenatorias. Sin embargo, estas no han sido cumplimentadas de manera íntegra, por lo que las personas responsables del DFI siguen operando con normalidad y sin enfrentar las consecuencias de su actuar delictivo” señala el Informe.
Frente a la realidad del fenómeno, el legislador llamó a evitar la politización de éste y se pronunció por una atención y y trabajo conjunto de los distintos niveles de gobierno que permita proteger a las personas desplazadas, prevenir nuevos casos y generar condiciones para soluciones de largo plazo.
“La politización de este fenómeno, como en materia de seguridad, no tiene cabida. Es necesario que el Gobierno del Estado asuma su responsabilidad frente a esta problemática, pero también el Gobierno federal voltee su mirada a este problema, lo reconozca en toda su dimensión, acompañe a las víctimas y con toda decisión y colaboración, ambos se coordinen y lo atiendan”, sentenció.
En ese sentido, el parlamentario planteó también la necesaria participación del Poder Legislativo pues es necesario legislar no sólo sobre el delito de reclutamiento forzado, sino también impulsar una Ley General de Desplazamiento Forzado Interno.
La Misión Civil de Observación, está conformada por las organizaciones: Alianza Sierra Madre, Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), Colectivo Nuevo Amanecer, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y contó con acompañamiento de las Brigadas Internacionales de Paz México (PBI) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El Informe es resultado de las visitas que la Misión Civil de Organización hizo en Parral, Delicias y Chihuahua, en donde entrevistaron a alrededor de 200 personas en situación de desplazamiento forzado interno que provenían de diversas comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, como Atascaderos, Coloradas de la Virgen y la Sierrita. Así como de casos de personas desplazadas provenientes de Tamazula, Durango, y San Miguel, Sinaloa.
