La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal al centro de acopio de residuos peligrosos denominado “Ecorecikla Servicios de Reciclaje Mixtos”, ubicado en la ciudad de Chihuahua, debido al manejo inadecuado de estos materiales y al incumplimiento de las condiciones establecidas en su autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Durante una visita de inspección realizada el 22 de octubre, personal de la Profepa verificó que la empresa dedicada al almacenamiento de residuos peligrosos operaba sin las medidas mínimas de seguridad.
En el recorrido por las instalaciones se observó que residuos peligrosos, como tablillas electrónicas, aditamentos con mercurio, cadmio o plomo, baterías de ácido plomo e ion litio, balastros, aceite y grasa usada, se encontraban mezclados con residuos de manejo especial y sólidos urbanos, sin separación ni etiquetado de identificación.
Además, los materiales estaban almacenados a granel, sin señalización ni pasillos de seguridad que permitieran el tránsito del personal o la atención oportuna ante una emergencia.
También se constató que el sitio no contaba con un área específica para el almacenamiento de residuos peligrosos, ni con equipo de seguridad adecuado para atender posibles incidentes. La empresa tampoco presentó las bitácoras de registro que acrediten el ingreso y salida de los residuos, ni los manifiestos de entrega, transporte y recepción que demuestren la disposición final de los mismos desde el año 2022.
Estas irregularidades representan un riesgo inminente de daño al medio ambiente y a la salud humana, ya que el manejo inadecuado de residuos peligrosos puede generar contaminación del suelo, agua y aire, así como provocar incendios, explosiones o afectaciones por exposición a sustancias tóxicas.
Debido a lo anterior y en atención a su mandato de prevenir riesgos ambientales y garantizar el cumplimiento de la normatividad, la Profepa procedió a imponer la medida de seguridad consistente en la clausura total temporal de las instalaciones inspeccionadas.
La Procuraduría continuará con el procedimiento administrativo correspondiente y con el seguimiento del caso, a fin de asegurar que se lleven a cabo las acciones necesarias para el manejo adecuado y disposición final de los residuos peligrosos, conforme a la legislación ambiental vigente.
