La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, hizo un llamado urgente a todas las instituciones del Estado mexicano para abordar el feminicidio no solo como un fenómeno delictivo, sino como una crisis estructural y una grave violación a los derechos humanos.
Durante la presentación de la propuesta de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de Feminicidio, la Fiscal enfatizó que la lucha contra la violencia de género debe ser permanente y coordinada entre el gobierno, colectivos feministas, la academia y la sociedad civil.
Godoy Ramos señaló que el enfoque de la Fiscalía General de la República (FGR) parte de una “plena conciencia” de que el feminicidio representa vidas arrebatadas y una deuda histórica en el acceso a la justicia.
“Hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas; es hablar de una deuda con las mujeres y familias víctimas de este flagelo social”, afirmó la Fiscal.
El proyecto, trabajado conjuntamente por la Secretaría de las Mujeres y la FGR, busca transformar la manera en que se procesa este delito en todo el país a través de tres ejes fundamentales:
Homologación del Tipo Penal: Se propone reconocer nueve razones de género específicas para tipificar el delito, incluyendo:
Signos de violencia sexual y lesiones degradantes.
Antecedentes de violencia y relaciones de poder o subordinación.
Estado de indefensión, incomunicación o exposición del cuerpo de la víctima.
Endurecimiento de Penas: La iniciativa establece sanciones que oscilan entre los 40 y 70 años de prisión.
Protocolos de Investigación Unificados: Se busca que toda muerte violenta de una mujer sea investigada, desde el primer momento, bajo la hipótesis de feminicidio.
La Fiscal destacó que, bajo este nuevo marco, el feminicidio se perseguirá de oficio y obligará a las autoridades a actuar con una “debida diligencia reforzada”. Esto implica la aplicación de protocolos especializados que incorporen obligatoriamente el análisis del contexto de violencia y la preservación adecuada de indicios.
Con esta propuesta, el Estado mexicano busca cerrar las brechas de impunidad y garantizar que las instituciones de seguridad y procuración de justicia actúen de forma coordinada en todo el territorio nacional.
