La gobernadora de Chihuahua afirmó que la investigación estatal concluyó su etapa inicial y que la resolución de ese procedimiento corresponde al Poder Judicial.
El exfuncionario enfrenta, además, una causa federal por presunta traición a la patria.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que su administración atenderá los requerimientos de información y las diligencias que solicite la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones relacionadas con el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno, quien fue ingresado al penal federal del Altiplano tras ser detenido por una orden de aprehensión del fuero federal.
En un mensaje público, la mandataria explicó que la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó su etapa inicial la semana pasada y derivó en la judicialización de una causa por presuntos delitos del ámbito local.
Añadió que la determinación sobre ese procedimiento corresponde al Poder Judicial.
Las declaraciones se produjeron después de que Jáuregui enfrentara una audiencia inicial por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados con la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara, en abril de 2026.
Maru Campos afirma que Chihuahua colaborará con las autoridades federales
Campos señaló que su gobierno mantendrá la disposición de colaborar con las instituciones federales, siempre mediante los canales oficiales y dentro del marco legal.
También sostuvo que, si las investigaciones arrojan nuevos hechos relacionados con el ejercicio del cargo de Jáuregui, la Fiscalía estatal actuará dentro de sus atribuciones y proporcionará la información requerida por las autoridades federales.
La gobernadora recordó que el 24 de abril anunció la creación de una unidad especializada dentro de la Fiscalía de Chihuahua para esclarecer lo ocurrido durante el operativo de El Pinal, en el municipio de Morelos.
De acuerdo con su explicación, esa unidad recibió el encargo de investigar posibles delitos o faltas graves cometidos por servidores públicos y determinar las responsabilidades correspondientes, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.
La mandataria indicó que decidió pronunciarse una vez concluida la etapa inicial de las indagatorias estatales. Asimismo, defendió que la cooperación con autoridades extranjeras debe realizarse conforme a la legislación y mediante las instituciones competentes.
