Interpretación es política y sesgada, no técnica.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, rechazó que las reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial contemplen prisión a quienes elaboren memes o parodias.
“Quiero rechazar que aquí se plantea cárcel para memes o parodias”, afirmó el legislador, al considerar que se ha magnificado una interpretación política, sesgada y no técnica, producto del radicalismo verbal de la oposición.
Durante la Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos, primera, Corral Jurado puntualizó que las propuestas de modificación no buscan regular la libertad de expresión ni proteger la imagen gráfica de las instituciones públicas, sino sancionar el uso abusivo de elementos de identidad institucional en actos de comercio cuando éstos puedan generar engaño.
El chihuahuense explicó que para que la conducta pueda constituir un delito deben concurrir diversos elementos, entre ellos que la reproducción, imitación o utilización de la identidad gráfica institucional se realice a escala comercial y que tenga como finalidad engañar a una o más personas.
El legislador también aclaró que la reforma no pretende proteger de manera general la imagen de las instituciones públicas, sino atender casos en los que sus elementos gráficos sean utilizados para hacer pasar por oficiales comunicaciones, documentos, plataformas, servicios o sistemas que no lo son.
“Cuántos veces no nos hemos encontrado portales con logos de gobierno en los que se les pide a personas realizar depositos para presuntamente comprar una acción y convertirse así en accionistas de Pemex”.
Corral Jurado explicó que la propuesta busca que las sanciones se apliquen a quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno y cuando ello tenga como propósito inducir a error o engaño, con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático u otra actuación atribuible a una institución pública.
Finalmente, luego de un receso, a propuesta del presidente de la Comisión que se apobó por mayoría una adecuación al dictamen, con el fin de cerrar el paso a interpretaciones ajenas al objetivo de la reforma y evitar que el debate se centre en descalificaciones políticas, explicó Corral Jurado.
“Creo que puede no solamente aclarar sino eliminar cualquier insinuación calumniosa sobre el objetivo o propósito de esta reforma”, finalizó.
